Legalización de viviendas irregulares construidas sin licencia.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará el próximo martes un anteproyecto de Ley, para modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), por la cual permitirían regularizar aquellas edificaciones de uso residencial, realizadas en ¨Suelo No Urbanizable¨.
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, deja claro que no es una amnistía o un proceso de legalización, sino una nueva opción de regularización de viviendas con fines no especulativos.
Los ayuntamientos tendrán un plazo máximo de 2 años para realizar inventario de las viviendas que se encuentran en situación irregular, tal como fijaba el decreto aprobado por la Junta de Andalucía en el año 2012, y por la cual muchas viviendas se quedaron fuera de esta regularización.
A este anteproyecto de modificación de la LOUA, podrán acogerse todas aquellas viviendas de uso residencial que se encuentren en ¨Suelo No Urbanizable¨ y por tanto tengan la consideración de irregulares, siempre y cuando la edificación tenga una antigüedad mínima de 6 años.
En ningún caso se podrán acoger a esta regularización viviendas que no cumplan el requisito de la antigüedad de 6 años, o bien estén inmersas en un procedimiento judicial o administrativo, como tampoco podrán ser sujetos de esta regularización, aquellas edificaciones ubicadas en terrenos de especial protección, zonas inundables, parques naturales o equipamientos de zonas verdes.
Por su parte, los propietarios no podrán realizar obras de ampliación y tendrán la obligación de adoptar medidas urgentes de carácter corrector, para la eliminación de los impactos paisajísticos o ambientales, especialmente sobre los recursos hídricos.
En el supuesto de edificaciones en parcelas que tengan la condición de asentamientos, la regularización se realizará a través de la incorporación de los mismos al planeamiento urbanístico.
La Junta de Andalucía pretende que este anteproyecto de Ley esté vigente en un plazo máximo de 4 meses, y que permitirá a los propietarios inscribir las propiedades en los registros de la propiedad, así como acceder a los servicios básicos de luz y agua. Además impone a las corporaciones la obligación de responder a las consultas planteadas por la ciudadanía en relación al régimen urbanístico aplicable a los terrenos y edificaciones en ¨Suelo No Urbanizable¨ en un plazo máximo de 2 meses.